A lo largo del siglo XX es posible distinguir tres grandes etapas en el desenvolvimiento de la economía que no se sucedieron al mismo tiempo en las sociedades iberoamericanas. La primera desde principio de siglo hasta la crisis de 1930. La segunda, desde la expansión de las industrias de bienes de consumo hasta la crisis de la deuda en los 80. La tercera en los años ochenta caracterizada por la integración en el mercado mundial, y el desmantelamiento del estado dirigista. El ascenso de Estados Unidos como potencia económica dominante afectó a los países que exportaban bienes que competían con los de los agricultores norteamericanos. La crisis de 1929 significó para las economías iberoamericanas la brusca caída de los ingresos provenientes de las exportaciones tradicionales. La Segunda Guerra Mundial estimuló la industrialización por el aumento de la demanda externa y de los precios, y porque los centros capitalistas en guerra no podían satisfacer la demanda; las economías latinoamericanas y sus sectores industriales aprovecharon para expandirse y ganaron en diversidad y complejidad. Varios países alcanzaron tasas de crecimiento elevadas, por ejemplo Brasil y México desde la década de 1950 a la de 1980, y más erráticamente la Argentina. En este nuevo modo de organización económica se destaca el papel central del estado, que apoyó la industrialización, reguló los mercados de trabajo y capital y protegió la producción interna respecto a la competencia exterior. Durante la segunda mitad de los 70 algunos países desmantelaron la maquinaria del intervencionismo económico estatal. Esta fue la política de Pinochet, las Juntas Militares Argentinas y el Colegio de Generales de Uruguay.

Puerto de Rosario (Argentina). Grabado de la Ilustración Europea y Americana

La reforma del Estado incluyó la privatización de las empresas bajo su control junto con la liquidación de los instrumentos que habían posibilitado su intervención en el ámbito económico y su papel como redistribuidor de ingresos. En todos los países se aplicaron políticas de ajuste apoyadas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, con un profundo impacto sobre la sociedad. La reorganización de la economía con el propósito de reducir los déficits fiscales y de lograr una mayor capacidad competitiva condujo a la quiebra a parte de las empresas desarrolladas por la industrialización sustitutiva. Hubo una caída sustancial de los salarios reales, un rápido crecimiento del paro y del subempleo. Al mismo tiempo, el desmantelamiento del Estado dirigista hizo crecer el nivel de desocupación y fue acompañado por el recorte del gasto público en los servicios sociales. Se profundizaron las desigualdades sociales y la pobreza se incrementó significativamente en las áreas urbanas.

En los años sesenta se distinguen esfuerzos para una reforma agraria en América Latina. En México ya se había producido en parte como resultado de la Revolución. En esa década doce países aplicaron medidas de reforma agraria en respuesta a la expectativas alentadas por la Revolución cubana de 1959 y siguiendo el Convenio de Punta del Este de 1961. En México y países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua y El Salvador se intensificó la migración hacia Estados Unidos durante los años ochenta y noventa. Hubo también movimientos migratorios de Bolivia y Paraguay a Argentina y de Colombia a Venezuela.